Ante hechos y declaraciones efectuadas en los últimos días por integrantes de la coalición de Gobierno en relación al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), respecto a “Las muchachas de Abril”, el Nuevo Espacio DECLARA:

1) Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio, fueron acribilladas a balazos por las fuerzas conjuntas el 21 de abril de 1974 en un allanamiento nocturno, violando todas las garantías consagradas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Al respecto, cabe señalar algunas expresiones vertidas por el Dr. Felipe Michelini en una entrevista realizada por FM del Sol el 20 de marzo de 2019.

En relación al pasado reciente, Felipe señaló: “No podemos negar las cosas que pasaron”…y agregó. “Entre el año 68 y el año 73 hubo una actuación ilegal del Estado…” “…y entre el año 73 y el año 85 hubo un Estado terrorista y en ese sentido, se reflejó en la tortura sistemática, la prisión prolongada, la ejecución de personas indefensas, la desaparición forzada, la violación de hombres y mujeres en establecimientos militares y policiales”

A su vez, el27 de abril, el Tribunal de Apelaciones en lo penal de 2° turno confirmó el procesamiento con prisión del militar retirado Juan Rebollo, responsable del operativo que culminó el 21 de abril de 1974 con los asesinatos de Diana Maidanic, de 22 años; Laura Raggio y Silvia Reyes, ambas de 19 años, el policía Dorval Márquez, que se dirigía a su trabajo en bicicleta y el militar Julio César Gutiérrez, todas víctimas del Ejército Nacional.

En la sentencia, la justicia uruguaya establece que Rebollo era “uno de los militares que estaba a cargo del operativo conforme al informe detallado que éste mismo efectuó a la Justicia militar y por eso estaba en el lugar; y fue su dependencia militar la encargada de ubicar la dirección del verdaderamente buscado Washington Barrios, que resultó ser en la casa que terminó siendo acribillada y donde perdieron la vida las mujeres, un policía y un oficial del Ejército.”

Vale decir que la investigación penal a cargo del fiscal Ricardo Perciballe, ya había descartado la versión de un intercambio de disparos.

Esos fueron los hechos que entre otros crímenes inenarrables, motivaron la intervención de diferentes organismos de derechos humanos e institutos de derecho internacional, que reclamaron el reconocimiento de la responsabilidad del Estado uruguayo y la imprescindible reparación de las víctimas.

2) En ese sentido, la sentencia de la CIDH, de fecha 15 de noviembre de 2021“ordena a Uruguay realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional” en relación a los hechos señalados en el caso conocido como “Las muchachas de Abril”, cuyo cumplimiento estaba previsto inicialmente para el mes de mayo, el que particularmente para la sociedad uruguaya representa “el mes de la memoria”, en el cual miles de compatriotas toman las calles para realizar anualmente la “Marcha del Silencio”.

Vale decir que Uruguay integra la CIDH y ha reconocido su competencia contenciosa, cuya función es determinar “si un Estado ha incurrido en responsabilidad internacional por la violación de alguno de los derechos consagrados en la Convención Americana o en otros tratados de derechos humanos aplicables al Sistema Interamericano”

3) Resulta inadmisible la negación de los hechos para continuar abonando el camino de la impunidad. A 50 años del golpe de Estado, la única garantía para que no haya NUNCA MAS TERRORISMO DE ESTADO, es acabar definitivamente con la impunidad y ello implica asumir la plena responsabilid que le cabe al Estado en los brutales crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar.

4) Confiamos en que la tradición que comenzó a acuñar nuestro país una vez restablecido el orden institucional a partir de 1985, con diferentes miradas, velocidades y procesos en la protección de los derechos humanos, en la reparación de las víctimas, en el reconocimiento a la responsabilidad del Estado, en el juzgamiento y encarcelamiento de muchos responsables de aquellos hechos y en la búsqueda de la verdad y la justicia, con especial énfasis a partir de 2005, se concrete en este caso en particular, en un justo homenaje tal como expresa la sentencia de la CIDH.

En tal sentido, la misma, establece la realización de un reconocimiento “mediante una ceremonia pública conducida por altas autoridades nacionales, con presencia de altas autoridades del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, así como de altas autoridades militares y de la Fiscalía Especializada, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). El acto público, asimismo, debe contar con presencia de las víctimas del presente caso. El Estado deberá acordar con las víctimas o sus representantes la modalidad de cumplimiento del acto público de reconocimiento, así como las particularidades que se requieran, tales como el lugar y la fecha para su realización.”

5) No es el silencio, ni la negación de los hechos lo que nos conducirá por el camino del reencuentro. Las mismas personas que hoy niegan la realidad, son las que pretenden “flexibilizar” las condiciones de reclusión de los torturadores y responsables de crímenes aberrantes. A su vez, en estos últimos tres años no se avanzó ni un ápice en la búsqueda de los restos de las personas desaparecidas, torturadas y asesinadas. La sociedad quiere saber la verdad, clama justicia y naturalmente se coloca del lado de las víctimas. ¿De qué lado está el Gobierno?

¡Basta de impunidad!

MESA EJECUTIVA NACIONAL AMPLIADA

Nuevo Espacio – Frente Amplio

Uruguay, 6 de mayo de 2023