En declaración de la Mesa Ejecutiva Nacional expresamos nuestra posición ante la reforma jubilatoria propuesta por el gobierno y que actualmente se encuentra en trámite parlamentario. Si bien somos conscientes de la necesidad de una reforma integral del sistema de seguridad social, entendemos que esta debe basarse en un modelo de financiamiento equitativo y no en un ajuste fiscal encubierto como el propuesto por el oficialismo, cuyo peso principal recae en los trabajadores.
Asimismo, criticamos la negociación que se está llevando a cabo entre los partidos que respaldan al gobierno, ya que no obedece al legítimo deseo de mejorar la propuesta, sino que utilizan temas sensibles como la tenencia compartida de menores o la prisión domiciliaria de los torturadores como moneda de cambio para posicionarse en sus agendas políticas.
A continuación sigue el texto completo de la declaración:
Visto el tratamiento a nivel parlamentario del proyecto de reforma de la seguridad social (que en los hechos es solamente una reforma jubilatoria)
El Nuevo Espacio declara:
Somos firmes partidarios que el sistema de seguridad social requiere de una reforma en función de las tensiones demográficas, los cambios en la organización del trabajo y la incorporación de tecnología.
En tal sentido, es imprescindible abordar el tema con una visión totalizadora en la que el modelo de financiamiento esté basado en el aporte equitativo del Estado, el Capital y el Trabajo.
El aporte por nómina necesariamente debe incorporar un elemento vinculado a la evolución del negocio, habida cuenta que las empresas que tiene mayores tasas de ganancia no son las que emplean mayor cantidad de trabajadores, sino las que incorporan mejor tecnología, que incluye sistemas inteligentes y robótica, provocando el desplazamiento de la mano de obra tradicional.
La solución del problema debe abordarse desde una perspectiva de equidad, concepto que debe estar presente en la construcción de un modelo de financiamiento en el que contribuyan todas las partes involucradas, el Estado, las empresas y los trabajadores, en función de sus capacidades y dinamismo de las diferentes ramas de actividad.
Nos oponemos a la Reforma de la Seguridad Social impulsada por el Gobierno, en tanto sólo es una reforma de jubilaciones y pensiones, que además de no abordar el problema de fondo, encubre un ajuste fiscal.
Estos conceptos ya habían sido expresados en el marco de nuestro XIII Congreso realizado el 5 y 6 de noviembre de 2022. Hoy, a casi 5 meses de ello, el fundamento ideológico de la reforma sigue intacto. Se han negociado cambios mínimos de carácter paramétrico que no cambian la filosofía del proyecto.
La puesta en escena de una negociación con Cabildo Abierto y el Partido Colorado para “mejorar” la ley es una farsa, ya que el peso de la reforma continúa cayendo exclusivamente en la variable del trabajo, lo que resulta inaceptable desde una perspectiva de equidad y justicia contributiva.
Mientras se reducen beneficios para personas con discapacidad o incapacidad para el trabajo y se rebajan las pensiones por viudez, se amplía la cantidad de beneficiarios para acceder al aguinaldo como pensionistas militares y disminuyen las edades para el retiro obligatorio.
Además, toda esta discusión se da en el marco en el que la coalición cuenta los votos para aprobar un proyecto de tenencia compartida que vulnera los derechos de la niñez, obligando a niñas y niños a interactuar con personas que puedan estar sujetas a medidas cautelares por actos de violencia, a pesar de todas las recomendaciones y advertencias realizadas por Unicef, el Comité de los Derechos del Niño, la INDDHH e Institutos de la Facultad de Derecho de la Udelar, entre otros pronunciamientos de actores sociales y jurídicos.
Finalmente, la suspicacia adquiere el grado de convicción, cuando en estas mismas horas, se negocia la prisión domiciliaria para militares que cometieron delitos de homicidio, secuestro y tortura durante la dictadura cívico-militar. Se trata de una ley que beneficia a los represores, que de ninguna manera el Gobierno debería avalar ya que lo coloca del lado de la impunidad.
La inmensa mayoría del pueblo uruguayo, está del lado de las víctimas y no se merece esta política del “toma y daca”.