martes 14 de junio de 2022
La Mesa Ejecutiva Nacional reunida en su sesión ordinaria, aprobó una declaración donde se cuestiona la autorización otorgada por el gobierno nacional para que empresas privada operen servicio de transmisión de datos. Hasta el momento ese servicio es brindado por la empresa estatal ANTEL y esta decisión, se considera parte de una estrategia global y sistemática de privatización de las Empresas del Estado, ya denunciada anteriormente.
A continuación texto completo de la DECLARACION:
Ante la decisión del Gobierno de autorizar a empresas privadas a vender el servicio de internet, la Mesa Ejecutiva Nacional del Nuevo Espacio, reunida en la fecha DECLARA:
El RECHAZO a esta medida, que implica debilitar la posición de ANTEL en el mercado en beneficio de empresas cable operadoras privadas.
Es INADMISIBLE que luego que la empresa estatal hiciera una inversión millonaria en infraestructura, fibra óptica y conexión casa por casa, cercana a los 900 millones de dólares, que permitió alcanzar una cobertura del 86% de hogares en el país con acceso a un servicio de excelencia en calidad y precio, se tome una definición política que obliga a ANTEL a compartir el mercado de transmisión de datos y servicios de Internet, que justamente constituye su mayor fuente de ingresos.
El artículo 56 de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley de Medios) establece expresamente que “Las personas físicas o jurídicas que presten servicios de comunicación audiovisual regulados por la presente ley no podrán, a su vez, prestar servicios de telecomunicaciones de telefonía o de transmisión de datos. Esta incompatibilidad alcanza a las personas, físicas o jurídicas, integrantes de las personas jurídicas involucradas.”
La inconstitucionalidad a la que se ha hecho referencia para justificar la decisión, es apenas una excusa en el marco de una política privatizadora, que se suma a decisiones vinculadas a la potabilización del agua (OSE) y la renegociación de contratos con las empresas generadoras de energía eólica y las grandes consumidoras de energía eléctrica (UTE).
Estas acciones se complementan con decisiones de dudosa legitimidad, realizando adjudicaciones y habilitando permisos en forma directa sin licitación, tal como aconteció con la Terminal de Contenedores del Puerto de Montevideo, cuya concesión a la empresa KATON NATIE se extendió hasta 80 años.
El Gobierno avanza decididamente con el vaciamiento y entrega del capital de las Instituciones del Estado a los actores privados, a pesar que en dos oportunidades el pueblo uruguayo se expresó en defensa de las Empresas Públicas
MESA EJECUTIVA NACIONAL
Junio de 202