Declaración de la Mesa Ejecutiva Nacional

Rechazo a la opción privatizadora del agua en Proyecto Neptuno (OSE), denuncia de los graves manejos en UTE y solidaridad con trabajadores y trabajadoras del Puerto

En una Declaración realizada por la Mesa Ejecutiva Nacional Ampliada, que sesionó el pasado martes 17 de mayo, nos pronunciamos en defensa de las empresas públicas y cuestionamos la política salarial errática y subordinada a una visión dogmática de achicamiento del Estado

A continuación texto completo de la DECLARACION:

  1. EXPRESAMOS nuestra profunda preocupación por diferentes situaciones que se están procesando en las empresas públicas, que contravienen políticas de Estado que caracterizaron al Uruguay por décadas o que ocasionan conflictos, que exponen a nuestro país a juicios millonarios por parte de empresas privadas, fruto de la improvisación y falta de previsión de planes de contingencia.
    En OSE:
    • RECHAZAMOS categóricamente los anuncios del Ministerio de Ambiente y OPP, que en el marco del Proyecto Neptuno, pretenden trasladar a operadores privados la gestión de la potabilización del agua. Es inaceptable que se descarten años de estudio, encomendados por anteriores Directorios de OSE, que derivaron en el proyecto del embalse del Arroyo Casupá, cuyo financiamiento ya tenía aprobación del Banco de Desarrollo Latinoamericano (CAF).
    • Este intento de privatización, no solo implicaría un sobrecosto de 12 millones de dólares anuales para OSE, por concepto de canon que debería pagar por disponibilidad, operación, mantenimiento de la planta y costos financieros asociados al proyecto, sino que se reflejará en un aumento en la tarifa que pagan todas las uruguayas y uruguayos.
    • Al mismo tiempo, provoca una enorme incertidumbre sobre quien se responsabilizará de la potabilización del agua en nuestro país durante 28 años, cuando OSE tiene una experticia incuestionable. Algunas experiencias en el pasado tuvieron un resultado muy negativo para la sociedad, que incluso ameritó un Plebiscito realizado en 2004, el cual tuvo un amplísimo respaldo de la población y cuyo resultado fue el rechazo a la intervención de privados en la gestión y administración del agua potable y saneamiento.
    • El representante del Frente Amplio en el organismo, ha denunciado esta situación y el carácter inconstitucional de las distintas opciones del proyecto que buscan dejar en manos de privados, la explotación y potabilización del agua, lo que pone de manifiesto la voluntad privatizadora del Gobierno.

    En UTE
    • DENUNCIAMOS la renegociación de contratos con las empresas generadoras de energía eólica, justo antes de su finalización, a partir de la cual los propios molinos pasarían a ser patrimonio de UTE; postergando su incorporación, con la excusa que se obtendría alguna rebaja en el costo de la energía que proveen dichas empresas en estos últimos años de contrato.
    • A su vez, llama la atención la renegociación de contratos con las empresas grandes consumidoras de energía eléctrica, que se presentaron para una revisión de su tarifa y a quienes en la práctica se incentiva desde la propia UTE a pasarse a generadores privados. Sorprendentemente UTE seguiría siendo respaldo de energía segura para todas ellas, aunque ya no sean sus clientes.
    • Esta situación ya fue denunciada por la representante del Frente Amplio en el directorio de la empresa estatal, con el agravante que tampoco se conocen informes de los servicios técnicos que recomienden estas medidas, las que solo pueden explicarse por la decisión política de privatizar el suministro de energía.
    En el Puerto:
    • SEÑALAMOS que la conflictividad con los trabajadores, es fruto de la ausencia de un plan de contingencia, a sabiendas que habría un impacto dramático en las fuentes de trabajo, tal cual está aconteciendo con la desproporcionada extensión de la concesión de la Terminal de Contenedores del Puerto de Montevideo, a la empresa KATON NATIE por 80 años.
  2. RECHAZAMOS los planes del Gobierno de disminuir la presencia del Estado en áreas estratégicas, que afectan su contribución al dinamismo de la economía nacional, recortan la soberanía de nuestro país, disminuyen la implementación de políticas públicas propositivas y erosionan la capacidad de las empresas estatales para poder desarrollarse, mantener tarifas públicas adecuadas y a su vez contribuir con sus ganancias, por intermedio de Rentas Generales, al desarrollo de políticas sociales en nuestro país.
  3. En tal sentido, REAFIRMAMOS la defensa del Estado y sus Empresas Públicas como instrumentos al servicio de la igualdad, la equidad y la justicia social.
  4. MANIFESTAMOS nuestra solidaridad con las y los trabajadores del Puerto, que se encuentran movilizados en la defensa de sus fuentes de trabajo, notoriamente en riesgo a consecuencia de una política laboral errática, subordinada a una visión dogmática de achicamiento del Estado.

MESA EJECUTIVA NACIONAL AMPLIADA
Mayo de 2022

El Portavoz

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